Tema: General

Pirates celebra la marcha atrás del Juez Pedraz con la censura a Telegram y lo considera una victoria popular

Pirates de Catalunya, miembro de los Piratas Europeos (European Pirates), celebra la decisión del Juez Pedraz de la Audiencia Nacional de dar marcha atrás en su objetivo de censurar Telegram. El partido considera que esta decisión ha sido gracias a la presión popular contra la acción y el anuncio de las medidas contra él en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El auto del Juez Pedraz reconoce que la medida cautelar era totalmente desproporcionada, tal como habíamos asegurado Pirates el sábado, y era el argumento principal de nuestra denuncia, preparada por el abogado Josep Jover, ante el TJUE y que ya estaba prácticamente acabada. Si bien no la presentaremos, la mantendremos preparada por si el juez quiere volver a activar la medida cautelar.

Eso sí, Pirates de Catalunya mantendrá el trabajo anunciado con los eurodiputados de los Piratas Europeos por si fuera necesario registrar las consultas en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, por la deriva autoritaria y censuradora de determinados estamentos del estado español, aunque en este caso se haya podido parar previamente.

Finalmente, queremos felicitar a todas las entidades que han actuado de manera rápida contra la medida, tanto las entidades de consumidores, entidades políticas y sindicales, asociaciones en defensa de los derechos humanos como los activistas de manera individual o colectiva, que son los que realmente han conseguido dar la vuelta a esta absurda decisión.

Imagen: Wikimedia

Pirates activa la vía legal y política a nivel europeo contra la censura de Telegram en el estado español

Pirates de Catalunya, miembro de los Piratas Europeos (European Pirates), activa hoy 23 de marzo todas las vías legales y políticas en el ámbito europeo contra la censura a la aplicación Telegram en todo el estado español, liderada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz Gómez, después de la denuncia de Mediaset España, Atresmedia, Movistar Plus+ y EDGEA por vulneración de derechos de autor.

Con el abogado Josep Jover i Padró, especialista en legislación europea y que ha ganado casos como el de la internalización de los funcionarios interinos a las administraciones públicas, activamos una denuncia contra el estado español al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la desproporcionalidad de las medidas tomadas por la Audiencia Nacional, así como la imposición de unas medidas cautelares para revertir la actuación del juez Pedraz.

Además, comenzamos a trabajar para el registro urgente en los próximos días, de unas consultas en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, especialmente centradas en el Comisario Europeo de Justicia Didier Reynders, por la deriva autoritaria y censuradora de determinados estamentos del estado español. Todo esto lo vehicularemos con el apoyo de los eurodiputados checos y alemanes de los Piratas Europeos.

Finalmente, Pirates activará todas las medidas para poder facilitar a las personas usuarias de Telegram herramientas para poder continuar accediendo a la aplicación saltando el bloqueo que empezará en las horas próximas, además de asegurar que, mientras sea posible, continuaremos actualizando nuestro canal de información al aplicativo, como desobediencia ante la censura.

Si bien Telegram no es software libre, cuestión fundamental para la protección de los datos de las personas usuarias, entendemos que una decisión tan desproporcionada de los juzgados contra una aplicación que utiliza el 40% de la población del estado, atenta contra a un principio todavía más fundamental, la libertad de expresión.

Esta actuación forma parte de la estrategia de Pirates en defensa de los derechos y libertades, se suma a las denuncias contra la censura a las páginas web que informaban del referéndum del 1 de octubre, así como de la aplicación y web del Tsunami Democràtic, y también la denuncia contra la Junta Electoral Central y el Consejo General del Poder Judicial contra la politización de la justicia española, todas ellas resueltas con éxito.

Imagen: Ivan Radic

Comunicado de Pirates de Catalunya sobre el levantamiento de la inmunidad a los europarlamentarios Puigdemont, Comín y Ponsatí

Pirates de Catalunya cuestiona la inmunidad parlamentaria en su forma actual de manera genérica. Pero ante la retirada de la inmunidad a los eurodiputados Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín queremos resaltar que en este caso concreto nos encontramos ante una petición claramente política por parte del Estado español, un Estado fallado sin garantías jurídicas ni imparcialidad.

Por eso mismo, permanecer indiferente ante este caso abre un camino sin retorno. Además de las vergonzosas irregularidades durante la tramitación del expediente en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Eurocámara, creemos que las diferentes sentencias en firme en Alemania y Bélgica ya han evidenciado suficientemente la carencia de fundamento de las razones por las cuales el Estado español reclama su extradición. Un ejemplo reciente es la sentencia del Tribunal de Apelación de Bruselas contra la euroorden emitida por el Supremo español a Lluís Puig, diputado electo del Parlamento de Cataluña.

Por si todo esto no fuera suficiente, el informe del 2019 del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU exigía la liberación de los presos políticos, evidenciaba un procedimiento sin garantías en el Estado español, y cuestionaba la competencia del Tribunal Supremo para juzgarlos. Los diputados del Parlamento Europeo han decidido retirar la inmunidad de los eurodiputados catalanes y, por lo tanto, los hacemos cómplices de la persecución del Estado español hacia unos diputados del mismo Europarlamento, poniendo en entredicho la validez de los conceptos de Dignidad, Libertad, Igualdad, Solidaridad, Ciudadanía y Justicia que tendrían que regir y servir de guía al proyecto común de la Unión Europea.

European Parliament Strasbourg Hemicycle por Diliff

Pirates de Catalunya

Pirates de Catalunya pide el cese de Miquel Sàmper y llevará a votación a la CUP+UNCPG que se levante de la mesa hasta el compromiso de ERC y Junts para disolver la BRIMO y la retirada de acusaciones entre otras

Desde Pirates de Catalunya queremos dar todo el apoyo a las personas represaliadas y heridas esta semana por las manifestaciones en apoyo a la liberación de Pablo Hasel, injustamente encarcelado desde el martes. Las imágenes que hemos vivido esta semana, y especialmente las cargas indiscriminadas y buscando el máximo de daño ayer en Gracia, y la utilización de balas de goma, prohibidas en Catalunya, son ejemplod de que el cuerpo de Mossos d’Esquadra es ya totalmente ingobernable.

Comunicado sobre la sentencia a los huelguistas del 8N

Fotografía de Lorena Calpena

No es la primera vez que Pirates de Catalunya nos vemos en la necesidad de condenar la politización de la justicia, que hemos sufrido en primera persona por ejercer el derecho de recibir y difundir información, la libertad de expresión e, incluso, el derecho de voto.

Ni referendum ni monarquía

Los Piratas basamos nuestros principios en tres conceptos fundamentales: la defensa de los derechos humanos, el ideario pirata y la democracia directa o líquida. El orden de esta lista no es accidental, ya que para los Piratas hay una jerarquía muy marcada entre estos conceptos, la cual determina como se deben tomar las decisiones.

A menudo se pide desde sectores progresistas el ejercicio de la democracia directa para llevar a cabo un referéndum, sobre si la sociedad española apoya o no la monarquía, pero en nuestra opinión se trata  de un error.

La institución monárquica choca frontalmente con los derechos humanos ya que atenta contra la igualdad entre todas las personas, especialmente cuando ponemos el énfasis en la igualdad ante la ley y la igualdad de acceso a cargos públicos. Los derechos humanos no pueden ser sometidos a referéndum para decidir si se cumplen o no, se deben cumplir siempre. Por ejemplo, nadie plantearía un referéndum sobre si las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres, ya que esto atentaría contra la igualdad básica entre personas.

Por este motivo, consideramos que no es legítimo promover un referéndum sobre este tema, ya que una de las opciones, la monarquía, vulnera derechos fundamentales y no es una opción legítima. Concretamente, la monarquía vulnera tres de los artículos (1, 7 y 21) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 21.
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Que un cargo sea hereditario impide el acceso a éste a las personas que no forman parte de una determinada familia. Además, las condiciones como la inviolabilidad suponen una clara vulneración de la igualdad ante la ley ya que, como hemos visto, se impide investigar o juzgar determinados actos.

Como consecuencia, al blindar la monarquía, la Constitución Española no respeta los derechos humanos más fundamentales. Afirmar que es inmodificable y que no puede tener lugar una actualización es afirmar que no es necesario que se respeten los derechos y libertades fundamentales de las personas en un Estado de derecho.

Los Piratas apostamos por un sistema de democracia directa o líquida, donde las decisiones se tomen de manera colectiva y todo el mundo pueda participar de ellas. Sin embargo, las alternativas deben ser siempre legítimas y para nosotros no es aceptable políticamente que una de estas opciones vulnere derechos fundamentales. Apoyar un referéndum es afirmar que las dos opciones son igualmente legítimas y, en este caso, no es así.

La monarquía debe ser abolida, sí, pero no como consecuencia del resultado de un referéndum, sino directamente porque atenta contra los derechos humanos y, por lo tanto, se trata de una estructura absolutamente inaceptable en cualquier sociedad democrática y moderna.

Pirates de Catalunya

Posición de Pirates de Catalunya sobre la conversión del museo de Hagia Sofia en una mezquita

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha ordenado la conversión del museo de Hagia Sofia, antiguamente conocida como Santa Sofía de Constantinopla, en una mezquita. El uso que se ha hecho estos últimos años del monumento es un ejemplo de carácter de la ciudad de Estambul como puente entre civilizaciones, culturas y religiones.

Construida en el siglo sexto como basílica bizantina, fue la sede del patriarcado del cristianismo ortodoxo hasta su ocupación por parte del Imperio Otomano, que la transformó en una mezquita. El años 1934, el fundador de la República de Turquía, Kemal Atatürk, decidió transformarla en un museo y la convirtió en uno de los emblemas de la nueva república secular.

El presidente Erdogan, con esta nueva acción, no sólo continua con su política de restitución del poder del Califato Otomano en el mundo contemporáneo, además desmantela de manera consciente y sistemática toda la herencia secular que Atatürk dejó a los ciudadanos turcos. Esta transformación de museo a mezquita del monumento por antonomasia de Estambul es el último episodio de una serie de ataques llevados a cabo bajo su dirección para hacer desaparecer la historia rica y diversa de los pueblos que han vivido en la península de Anatolia y que son patrimonio, no solo de los ciudadanos turcos actuales, sino de toda la humanidad.

Con esta decisión, Erdogan certifica a cara descubierta su política autoritaria de demolición de la laicidad del Estado y la aniquilación de la diversidad cultural y religiosa del país.

Los Piratas defendemos el respeto por todas las opiniones y creencias, siempre que no atenten contra la dignidad y los derechos de otras personas. En este sentido, pensamos que los estados deben ser laicos y que no se tiene que promover ninguna religión ni otorgar a un credo específico privilegios sobre los demás. Por este motivo, y de la misma manera que han hecho nuestros compañeros del Partido Pirata de Turquía y del Partido Pirata de Grecia, rechazamos el cambio de estatus del museo de Hagia Sofia.

Además, en consonancia con lo que han expresado organizaciones como la UNESCO o ICOMOS, pedimos que se inicien conversaciones a nivel internacional para garantizar que el patrimonio artístico y cultural se preserva de forma adecuada y que una obra excepcional como Hagia Sofia continua siendo Patrimonio de la Humanidad en su conjunto, como ha sido hasta ahora.

Pirates de Catalunya

Privacidad y consentimiento en tiempos de coronavirus

Ahora más que nunca se debate públicamente la posición del Gobierno y de empresas privadas respecto a nuestros datos, su privacidad y el uso que se hace. Desde Pirates de Catalunya no solamente estamos en contra de la violación de nuestros derechos que pretende realizar el Gobierno aprovechando la crisis del COVID-19, sino que además también estamos en contra de sus versiones mal llamadas “cesiones de datos voluntarios”, y que son similares a las que una gran parte de la ciudadanía realiza habitualmente a empresas privadas (Google, Facebook, etc.), ya que es muy discutible si esta cesión es consentida o no. De hecho, normalmente, NO es consentida.

1) Primero hay que tener en cuenta que no se puede consentir algo de lo que no se entienden las consecuencias. Del mismo modo que los menores de edad no pueden realmente consentir en ciertos temas que vulneran sus derechos porque es obvio que todavía no tienen suficiente madurez e información como para tener un criterio bien formado y tomar decisiones con conocimiento de causa. Hay un gran desconocimiento por parte de la ciudadanía de las consecuencias que implican toda esta invasión ( “consentida”) de su derecho a la privacidad. Nunca nadie nos ha formado sobre temas de privacidad personal, y qué consecuencias tiene la violación de este derecho fundamental, en parte porque no interesa que la ciudadanía lo entienda. Y si la decisión no es informada, no es libre.

2) Si hay coacción de algún tipo no podemos afirmar que el permiso sea consentido. En la mayoría de casos reales suelen haber coacciones de todo tipo, tales como económicas, sociales o psicológicas, pero la más habitual por parte de empresas o gobiernos es a cara descubierta: únicamente te prestan ciertos servicios a cambio de tus datos (y en caso de que te niegues no puedes acceder). Esto tiene implicaciones directas en relación con la desigualdad social y el derecho a la privacidad. Las personas con recursos suelen tener más derechos (en este caso, más privacidad), porque pueden pagarse los servicios que otras no pueden.

3) Si no conoces alternativas tampoco tienes libertad de elección. Vivimos en una sociedad en la que necesitamos una serie de herramientas para desarrollarnos como personas y estar integrados en sociedad. Si no se conocen alternativas a estas herramientas que necesitas usar, no estás actuando libremente. Tampoco en este ámbito nadie nos forma (ni nos informa de qué alternativas respetuosas con nuestros derechos existen). Como sociedad deberíamos reconocer que ahora y aquí, en nuestro mundo actual, hay una serie de herramientas digitales que son de primera necesidad y que, por tanto, su acceso debería estar protegido y garantizado por el Estado, sin estar obligados a renunciar a derechos para tener acceso a ellas.

4) Incluso en el caso de que existan alternativas a los servicios que se necesitan, puedes verte obligado, debido a las prácticas monopolísticas de ciertas organizaciones (tanto puede ser Whatsapp como el Gobierno de la Generalitat), a utilizar servicios abusivos donde “consientes” a ceder tus datos. Ahora mismo, si toda tu familia está a Whatsapp y no accede a cambiar de servicio, o aceptas dar tus datos o quedas excluido socialmente. Y en el caso de la Generalitat puede que te obliguen a usar cierto software por razones arbitrarias y como ciudadano no tengas más remedio que utilizarlo. Ahora mismo no queremos entrar en las soluciones con las que se puede trabajar para resolver esta dinámica (que existen a montones), solamente queremos evidenciar la falacia de la “voluntariedad” de cesión de los datos.

Si hacemos una visión general de toda esta casuística, podemos comprobar como esta cesión “consentida” está muy lejos de poder considerarse como tal. La mayoría de personas no ceden sus datos “voluntariamente y con conocimiento de causa” sino por desconocimiento de las consecuencias o porque no conocen o no ven una alternativa a no cederlos, o se sienten presionadas u obligadas. De hecho, en la mayoría de casos, si existiera la opción de cederlas o no en igualdad de condiciones, está claro que prácticamente nadie elegiría cederlos.

Desde Pirates exigimos que no se aproveche la excusa de la pandemia para recoger datos sensibles de manera masiva, ni involuntariamente ni voluntariamente. Es una mala práctica en general que alguien se dedique a realizar bases de datos masivas con información sensible de la ciudadanía. Estas bases de datos no se sabe para qué se pueden acabar usando una vez existen, ni puedes garantizar su salvaguarda a perpetuidad (como ante gobiernos abusivos, corrupción, malas prácticas, negligencia, criminalidad, etc.). Y esta ventana de oportunidad se abre cuando se permite realizar la recogida.

Además, cuando tienes un control masivo “voluntario” de la mayor parte de la ciudadanía, es mucho más fácil controlar los que no lo han hecho porque saltan a la vista enseguida. De este modo se erosiona en realidad el derecho a la privacidad de TODOS, también de los que no se prestan voluntariamente, porque pierden el anonimato de la masa.

Desde Pirates sabemos que si en lugar de hablar del derecho a la privacidad estuviéramos hablando de otro derecho en el que se haya recibido más formación, los ciudadanos veríamos mucho más claro el peligro de estos planteamientos que se están haciendo ahora tan a la ligera. Si, por poner un ejemplo, habláramos de la libertad de expresión, ¿cuántos de vosotros estaríais de acuerdo con que una gran parte de la ciudadanía renunciara “voluntariamente” a este derecho de forma masiva? Por ejemplo con el argumento “no necesito tener libertad de expresión porque no tengo nada que decir”. ¿Encontraríamos aceptable que se pidiera desde el Gobierno el permiso masivo a ciudadanos para censurarlos y que una gran parte de la población aceptara perder este derecho? ¿No os parecería muy peligroso y se os pondrían los pelos de punta?

Por otra parte, también hay que tener mucho cuidado con la falacia de la “anonimización” de los datos. Es un término que se utiliza muy a la ligera cada vez que se habla de este tema para dejar la ciudadanía tranquila, pero que en la mayoría de los casos es mentira. Anonimizar datos no es tarea fácil de llevar a cabo, es extremadamente complicada. Por eso la mayoría de estas “anonimizaciones” que dicen que se hacen suelen ser muy superficiales y, por tanto, inútiles (con la tecnología de hoy en día a nuestro alcance es un juego de niños desanonimizarlas). Desgraciadamente, esta es una situación donde los detalles técnicos cobran una gran importancia y cómo se haga esta anonimización es clave para determinar si realmente es efectiva. Se aprovechan del desconocimiento tecnológico de las personas para dar una falsa confianza de al modo que solamente introduciendo este término no haya más cuestionamientos.

Se argumenta que es necesario “sacrificarse” y renunciar “temporalmente” a nuestro derecho a la privacidad para poder superar la pandemia, pero no es cierto. Hay muchas maneras de atacar esta crisis, tal y como evidencia la heterogeneidad que ha existido entre diferentes países. Y, desgraciadamente, después de esta excusa para violar nuestra privacidad habrá otra y luego otra. Existen un sinfín de medidas que no atentan contra el derecho a la privacidad que se podrían tomar y que todavía no se han tomado.

En resumen, Pirates de Catalunya apostamos porque las medidas para salir del confinamiento (cuando sea que toque salir) no deberían basarse en controles individuales identificativos y personalizados de la ciudadanía, por muy “voluntarios” que sean. Es peligroso en sí mismo, y también como precedente a invocar después. No es saludable para la sociedad que se aliente a los ciudadanos a renunciar a sus derechos. Y, por supuesto, no se debería alentar ni pedir desde la figura de autoridad que representa cualquier Gobierno. ¿Qué “libertad de elección” tiene la ciudadanía si el Gobierno (que se supone que sabe lo que se hace) dice que para ser un “buen ciudadano” le tienes que ceder tus datos?

Pirates de Catalunya

Privacidad y consentimiento en tiempos de coronavirus

Ahora más que nunca se debate públicamente la posición del Gobierno y de empresas privadas respecto a nuestros datos, su privacidad y el uso que se hace. Desde Pirates de Catalunya no sólo estamos en contra de la violación de nuestros derechos que pretende realizar el Gobierno aprovechando la crisis del Covid19, sino que además también estamos en contra de sus versiones mal llamadas “cesiones de datos voluntarios”, y que son similares a las que una gran parte de la ciudadanía realiza habitualmente a empresas privadas (Google, Facebook, etc.), ya que es muy discutible si esta cesión es consentida o no. De hecho, normalmente, NO es consentida.

  1. Primero hay que tener en cuenta que no se puede consentir algo de lo que no se entienden las consecuencias. Del mismo modo que los menores de edad no pueden realmente consentir en ciertos temas que vulneran sus derechos porque es obvio que todavía no tienen suficiente madurez e información como para tener un criterio bien formado y tomar decisiones con conocimiento de causa. Hay un gran desconocimiento por parte de la ciudadanía de las consecuencias que implican toda esta invasión ( “consentida”) de su derecho a la privacidad. Nunca nadie nos ha formado sobre temas de privacidad personal, y qué consecuencias tiene la violación de este derecho fundamental, en parte porque no interesa que la ciudadanía lo entienda. Y si la decisión no es informada, no es libre.
  2. Si hay coacción de algún tipo no podemos afirmar que el permiso sea consentido. En la mayoría de casos reales suelen haber coacciones de todo tipo, tales como económicas, sociales o psicológicas, pero la más habitual por parte de empresas o gobiernos es a cara descubierta: sólo te prestan ciertos servicios a cambio de tus datos (y en caso de que te niegues no puedes acceder). Esto tiene implicaciones directas en relación a la desigualdad social y el derecho a la privacidad. Las personas con recursos suelen tener más derechos (en este caso, más privacidad), porque pueden pagarse los servicios que otras no pueden.
  3. Si no conoces alternativas tampoco tienes libertad de elección. Vivimos en una sociedad en la que necesitamos una serie de herramientas para desarrollarnos como personas y estar integrados en sociedad. Si no se conocen alternativas a estas herramientas que necesitas usar, no estás actuando libremente. Tampoco en este ámbito nadie nos forma (ni nos informa de qué alternativas respetuosas con nuestros derechos existen). Como sociedad deberíamos reconocer que ahora y aquí, en nuestro mundo actual, hay una serie de herramientas digitales que son de primera necesidad y que, por tanto, su acceso debería estar protegido y garantizado por el Estado, sin estar obligados a renunciar a derechos para tener acceso a ellas.
  4. Incluso en el caso de que existan alternativas a los servicios que se necesitan, puedes verte obligado, debido a las prácticas monopolísticas de ciertas organizaciones (tanto puede ser Whatsapp como el Gobierno de la Generalitat), a utilizar servicios abusivos donde “consientes” a ceder tus datos. Ahora mismo, si toda tu familia está a Whatsapp y no accede a cambiar de servicio, o aceptas dar tus datos o quedas excluido socialmente. Y en el caso de la Generalitat puede que te obliguen a usar cierto software por razones arbitrarias y como ciudadano no tengas más remedio que utilizarlo. Ahora mismo no queremos entrar en las soluciones con las que se puede trabajar para resolver esta dinámica (que existen a montones), sólo queremos evidenciar la falacia de la “voluntariedad” de cesión de los datos.

Si hacemos una visión general de toda esta casuística, podemos comprobar como esta cesión “consentida” está muy lejos de poder considerarse como tal. La mayoría de personas no ceden sus datos “voluntariamente y con conocimiento de causa” sino por desconocimiento de las consecuencias o porque no conocen o no ven una alternativa a no cederlos, o se sienten presionadas u obligadas. De hecho, en la mayoría de casos, si existiera la opción de cederlas o no en igualdad de condiciones, está claro que prácticamente nadie elegiría cederlos.

Desde Pirates exigimos que no se aproveche la excusa de la pandemia para recoger datos sensibles de manera masiva, ni involuntariamente ni voluntariamente. Es una mala práctica en general que alguien se dedique a realizar bases de datos masivas con información sensible de la ciudadanía. Estas bases de datos no se sabe para qué se pueden acabar usando una vez existen, ni puedes garantizar su salvaguarda a perpetuidad (como ante gobiernos abusivos, corrupción, malas prácticas, negligencia, criminalidad, etc.). Y esta ventana de oportunidad se abre cuando se permite realizar la recogida.

Además, cuando tienes un control masivo “voluntario” de la mayor parte de la ciudadanía, es mucho más fácil controlar los que no lo han hecho porque saltan a la vista enseguida. De este modo se erosiona en realidad el derecho a la privacidad de TODOS, también de los que no se prestan voluntariamente, porque pierden el anonimato de la masa.

 Desde Pirates sabemos que si en lugar de hablar del derecho a la privacidad estuvieramos hablando de otro derecho en el que se haya recibido más formación, los ciudadanos veríamos mucho más claro el peligro de estos planteamientos que se están haciendo ahora tan a la ligera. Si, por poner un ejemplo, habláramos de la libertad de expresión, ¿cuántos de vosotros estaríais de acuerdo con que una gran parte de la ciudadanía renunciara “voluntariamente” a este derecho de forma masiva? Por ejemplo con el argumento “no necesito tener libertad de expresión porque no tengo nada que decir”. ¿Encontraríamos aceptable que se pidiera desde el Gobierno el permiso masivo a ciudadanos para censurarlos y que una gran parte de la población aceptara perder este derecho? ¿No os parecería muy peligroso y se os pondrían los pelos de punta?

Por otra parte, también hay que tener mucho cuidado con la falacia de la “anonimización” de los datos. Es un término que se utiliza muy a la ligera cada vez que se habla de este tema para dejar la ciudadanía tranquila, pero que en la mayoría de los casos es mentira. Anonimizar datos no es tarea fácil de llevar a cabo, es extremadamente complicada. Por eso la mayoría de estas “anonimizaciones” que dicen que se hacen suelen ser muy superficiales y, por tanto, inútiles (con la tecnología de hoy en día a nuestro alcance es un juego de niños desanonimizarlas). Desgraciadamente, esta es una situación donde los detalles técnicos cobran una gran importancia y cómo se haga esta anonimización es clave para determinar si realmente es efectiva. Se aprovechan del desconocimiento tecnológico de las personas para dar una falsa confianza de al modo que sólo introduciendo este término no hayan más cuestionamientos.

Se argumenta que es necesario “sacrificarse” y renunciar “temporalmente” a nuestro derecho a la privacidad para poder superar la pandemia, pero no es cierto. Hay muchas maneras de atacar esta crisis, tal y como evidencia la heterogeneidad que ha existido entre diferentes países. Y, desgraciadamente, después de esta excusa para violar nuestra privacidad habrá otra y luego otra. Existen un sinfín de medidas que no atentan contra el derecho a la privacidad que se podrían tomar y que todavía no se han tomado.

En resumen, Pirates de Catalunya apostamos porque las medidas para salir del confinamiento (cuando sea que toque salir) no deberían basarse en controles individuales identificativos y personalizados de la ciudadanía, por muy “voluntarios” que sean. Es peligroso en sí mismo, y también como precedente a invocar después. No es saludable para la sociedad que se aliente a los ciudadanos a renunciar a sus derechos. Y, por supuesto, no se debería alentar ni pedir desde la figura de autoridad que representa cualquier Gobierno. ¿Qué “libertad de elección” tiene la ciudadanía si el Gobierno (que se supone que sabe lo que se hace) dice que para ser un “buen ciudadano” le tienes que ceder tus datos?

Pirates de Catalunya propone salir del confinamiento sin perder derechos

Estos días de confinamiento, tanto desde el Gobierno de la Generalitat como desde el Gobierno de España se están debatiendo en el ámbito público diferentes iniciativas vinculadas a establecer controles para intentar detener la pandemia y, a la vez, mantener la economía activa. Un equilibrio difícilmente alcanzable sin sacrificar alguna parte. Y parece que el Gobierno y las élites han decidido que se sacrifiquen los derechos de privacidad e igualdad de la ciudadanía. Como siempre, pretenden hacernos escoger entre seguridad y libertad personal poniéndonos ante un falso dilema.

Se plantean cosas tales como aplicaciones de carácter informativo que esconden un sistema de geolocalización de los usuarios, para confirmar que se encuentran allí donde dicen ser, o identificar a quien ya está inmunizado, con el objetivo de que trabaje y se mueva libremente. Por muy cómodas que parezcan, estas propuestas no contribuyen a combatir la pandemia, sino a erosionar derechos fundamentales en nombre de la seguridad. Es la vieja excusa de siempre, con una causa diferente. Antes era el terrorismo, ahora es una pandemia que se podría haber contenido de manera más eficaz y minimizado si la sanidad pública no hubiera sido salvajemente recortada durante la última década.

Creemos firmemente que estas propuestas son negativas porque atentan contra el derecho a la intimidad, aprovechándose maliciosamente de la gravedad de la situación que vivimos para controlar la ciudadanía. La vigilancia no es la única manera para contener el virus, al contrario, una población comprometida y bien informada es más eficiente, y poderosa, que una población controlada y mantenida en la ignorancia en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo.

De hecho, independientemente del problema de la privacidad, las iniciativas de identificación de las personas que han pasado la infección (como el pasaporte de inmunidad) son altamente irresponsables en sí mismas porque, aparte de que ahora mismo no sabemos si haber pasado la enfermedad inmuniza para con ella, premian comportamientos de riesgo por parte de la población que faciliten el contagio y no la toma de medidas para evitarlo. Se pretende restringir la libertad de movimiento a todo el mundo que no haya pasado el virus, por lo tanto, la única manera de tener la movilidad menos reestringida es pasarlo. Así, el propio Gobierno está planteando poner grandes sectores de la población ante una elección imposible: hundirse en la exclusión o contagiarse y poder trabajar. Esto pone en peligro no sólo la población de riesgo, para quien puede ser fatal, sino también las personas con menos recursos, ya que son las que no pueden permitirse permanecer en casa y no ir a trabajar.

Ante estas propuestas, creemos que hay que evitarlas completamente. Ya para aplicar políticas como las de otros países, donde la prevención mediante el uso de mascarillas y guantes y la rápida detección de personas infectadas ha permitido reducir al mínimo los efectos de la pandemia. Sin embargo, para proteger nuestros derechos y nuestra salud, todavía estamos a tiempo para adoptar medidas similares en nuestro país, que sean progresivas y que no exacerben las desigualdades sociales, ni fomenten la discriminación por razones médicas, ni pongan en situación de riesgo a la población.

No todo vale en nombre de la seguridad. Ni antes, ni ahora, ni nunca. Informémonos, apoderémonos y adoptemos las medidas sanitarias, de higiene y de protección necesarias para cuidar nuestra salud y la de las personas a nuestro alrededor, entre todos y todas.

Pirates de Catalunya