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Parlem de DEUTES #diguesPROU
Pirates de Catalunya llença aquest matí una campanya informativa sobre els deutes dels partits polítics amb les caixes d’estalvis, a través de Twitter, utilitzant el hashtag #diguesPROU.
Al llarg del dia anirem publicant les dades a Twitter i a la pàgina de Facebook. Donarem les dades desglossades per caixes i partits, i al final del dia comunicarem el total de cadascun d’ells i quin és el més endeutat.
Pirates de Catalunya no té deutes amb ningú. Ens financem 100% amb donacions de particulars. A més, estem en contra de les subvencions a partits i sindicats, i ara mateix s’està decidint a l’SPC què fer amb els diners d’una eventual subvenció per obtenir representació parlamentària. De moment, la voluntat majoritària és dedicar aquest pressupost a proveir d’eines de participació ciutadana a ONGs i moviments socials.
Defensem la transparència total de les institucions i la participació directa de les persones en la presa de decisions, i prediquem amb l’exemple. Els nostres comptes i factures estan disponibles a http://pirata.cat/comptes perquè qualsevol pugui consultar-los, i utilitzem un sistema de votació online per prendre decisions relatives al partit https://xifrat.pirata.cat
Un avanç de les dades: els partits polítics de tota Espanya tenien deutes per valor de 103.794.065€ a finals del 2011 amb diverses caixes d’estalvis. Al capdavant, La Caixa, amb més de 35M €, seguida de BBK, amb més de 15M €. Caixa Catalunya es troba en la tercera posició, amb gairebé 8M €.
Per partits polítics que es presenten al 25 de novembre, CiU encapçala la llista amb 27.952.056€, seguit de IU-Verdes-ICV amb 12.837.973€, PP amb 5.982.340€, PSC amb 1.284.960 € i ERC amb 672.660€.
Font principal: La Información.
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Ells parlen dels teus deutes, avui parlarem nosaltres dels seus. I veurem qui ha viscut per sobre de les seves possibilitats.
Hablemos de DEUDAS #diguesPROU
Pirates de Catalunya lanza esta mañana una campaña informativa sobre las deudas de los partidos políticos con las cajas de ahorros, a través de Twitter, utilizando el hashtag #diguesPROU
A lo largo del día iremos publicando los datos en Twitter y en la página de Facebook. Daremos los datos desglosados por cajas y partidos, y al final del día comunicaremos el total de cada uno de ellos y cuál es el más endeudado.
Pirates de Catalunya no tiene deudas con nadie. Nos financiamos 100% con donaciones de particulares. Además, estamos en contra de las subvenciones a partidos y sindicatos, y ahora mismo se está decidiendo en el SPC qué hacer con el dinero de una eventual subvención por obtener representación parlamentaria. De momento, la voluntad mayoritaria es dedicar ese presupuesto a proveer de herramientas de participación ciudadana a ONGs y movimientos sociales.
Defendemos la transparencia total de las instituciones y la participación directa de las personas en la toma de decisiones, y predicamos con el ejemplo. Nuestras cuentas y facturas están disponibles en http://pirata.cat/comptes para que cualquiera pueda consultarlas, y utilizamos un sistema de votación online para tomar decisiones relativas al partido https://xifrat.pirata.cat
Un avance de los datos: los partidos políticos de toda España debían 103.794.065€ a finales del 2011 a diversas cajas de ahorros. A la cabeza, La Caixa, con más de 35M €, seguida de BBK, con más de 15M €. Caixa Catalunya se encuentra en la tercera posición, con casi 8M €.
Por partidos políticos que se presentan al 25 de noviembre, CiU encabeza la lista con 27.952.056 €, seguido de IU-Verdes-ICV con 12.837.973 €, PP con 5.982.340 €, PSC con 1.284.960 € y ERC con 672.660 €.
Fuente principal: La Información.
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Ellos hablan de tus deudas, hoy hablaremos nosotros de las suyas. Y veremos quién ha vivido por encima de sus posibilidades.
El pasado 18 de octubre, discretamente, y comenzada la campaña electoral catalana, el Gobierno colgó la consulta pública de un nuevo Decreto Ley para regular exclusivamente el canondigital.
En relación a la anterior filtración hecha por Pirates de Catalunya (Pirates de Catalunya filtra i denuncia el Reial Decret Llei de Propietat Intel·lectual), este Decreto Ley, publicado sin hacer ruido, es una continuación de la anterior y con algunos hechos relevantes que nos vemos obligados a destacar.
- El primero corresponde a la Disposición Adicional Primera, que vuelve a decir que no se puede reclamar retroactivamente el canon digital. Esta disposición es idéntica, letra a letra que la misma disposición del documento filtrado por Pirates de Catalunya y que más tarde el Ministerio aseguró que no era el documento con el que estaban trabajando. El hecho de impedir la reclamación de este canon, indebidamente recaudado, a administraciones, empresarios y autónomos es execrable, y consideramos que el Gobierno debería buscar otras opciones.
- Segundo hecho, destaca la asignación de sólo cinco millones de euros en concepto de Canon Digital, en la Disposición Transitoria Segunda, cuando esta cantidad está muy lejos de los cien millones que las entidades de gestión consideraban una injusticia y que no les era suficiente. No hemos visto que ninguna entidad de gestión haya protestado. ¿Dónde estaba el injusto?
- El tercer hecho lo encontramos en el artículo cuarto del Decreto Ley, donde se pone en manos de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro la determinación anual del canon digital. Esta es una dirección general encargada, principalmente de las relaciones con los editores de prensa y libros. Los artistas plásticos, cineastas y músicos poco tienen que ver con ésta. Han quedado apartados.
- Cuarto hecho, también destacar que el método de cálculo y reparto ha olvidado elementos tan esenciales como la seguridad jurídica o los consumidores, como ya avanzábamos en nuestra filtración anterior.
- Quinto hecho, que en la Ley, después de mencionar de forma repetitiva y prominente la norma comunitaria, vemos con sorpresa que se reconoce a los editores la percepción del canon digital, olvidando que, por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ratifica que sólo aquellos titulares del derecho de reproducción, conforme están detallados en el texto del artículo 2 de la Directiva 29/2001, son los que tienen derecho a cobrar la compensación equitativa por copia privada (ver párrafos 88-95).
A mayor abundamientom y en la misma línea, la opinión del Abogado General, en su informe, señalaba::
161. Los titulares de los derechos que deben percibir una compensación equitativa conforme al artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 son todas aquellas personas cuyo derecho exclusivo de reproducción contemplado en el artículo 2 de dicha Directiva se vea afectado por la autorización, no sujeta a permiso, de copia privada.
Si examinamos la lista cerrada del artículo 2 de la directiva 29/2001,los editores no constan ni han formado nunca parte de la misma. Sólo constan en el literal del artículo, sujetos a derecho de reproducción por copia privada, los autores y productores, pero no la figura del editor, cuando éste no es productor de la obra al mismo tiempo.
Si miramos la norma española, veremos que los editores, que no están recogidos en el artículo ya mencionado de la directiva, vienen cobrando de forma ilegal el 45% de la compensación equitativa correspondiente a obras publicadas en forma de libros y asimilados en base al antiguo artículo 36 delRD 1424/1992, que debería interpretarse como contrario a la directiva desde el 22 de diciembre de 2002, momento de su publicación en el BOE.
Así, no sólo el decreto ley les reconoce derechos de cobro, sino que pone el canon digital en sus manos, la de los editores.
Vistos estos hechos, no podemos evitar preguntarnos qué motivos hay detrás de gestionar esta reforma de forma completamente opaca y de otorgar la gestión del canon digital a una entidad que, según la misma normativa europea que lo regula, no tiene nada a ver a priori.
Pirates de Catalunya
La Democràcia Necessita un Rescat
http://pirata.cat
Aquest divendres Pirates de Catalunya et convida a celebrar el final de la campanya del #25N.
Ens trobarem al Mau Mau (Carrer Fontrodona 35, Barcelona), el divendres 23 de 17h a 19.30h
El pla és el següent:
- breu resum de la nostra situació actual i de la campanya
- projectem els vídeos de campanya
- fem unes cervesetes amb els candidats, debat obert
- regalem el merxandatge que ha sobrat
- repartim els posters, enganxines i cinta
- i anirem a piratejar cartells just abans de que comenci la jornada de reflexió
Si fas servir Facebook, apunta’t i convida als teus amics!
Salut i rom!
Deixeu de preguntar-nos si som independentistes!
Responeu vosaltres en referèndum!
Trobareu més informació al Preguntes més freqüents
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El acceso a la información es un derecho reconocido en los tratados internacionales como un derecho fundamental. Si bien la Constitución Española, en el artículo 20 y en el 105 b, hace mención al derecho a la información, no es un texto demasiado explícito. Pero el proyecto de la Ley de la Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que el Partido Popular aprobó el 27 de julio de 2012 en el Consejo de Ministros, lo cambiará todo. Bien, no exactamente.
La nueva normativa es un parche a una reclamación histórica de organizaciones y ciudadanos que entienden que la transparencia debería ser una de las máximas de los gobiernos. Pero la futura ley, tal y como está contemplada actualmente, tiene muchas deficiencias. En primer lugar, es una ley de transparencia reactiva, ya que el ciudadano deberá solicitar la información de manera formal a la administración.
Además de excluir a la Casa Real, la futura norma tiene muchas otras excepciones como, por ejemplo, las recogidas en el artículo 11, que limitan el derecho de acceso también a la información relacionada con la seguridad nacional; la defensa; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos y comerciales; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente. Es decir, casi toda la información de la administración forma parte de estas excepciones y no se podrá solicitar.
Desde que salió a la luz el proyecto de Ley, muchas organizaciones han señalado las enormes carencias que presenta y critican que no se considere el acceso a la información un derecho fundamental. Por si esto fuera poco, el Gobierno ha recibido acusaciones por haber escondido las sugerencias de los ciudadanos durante el plazo para presentar propuestas al proyecto de ley.
La transparencia es uno de los pilares fundamentales de Pirates de Catalunya, y así lo contempla el programa electoral de las elecciones del 25 de noviembre al Parlament de Catalunya. El acceso a la información debería ser un derecho ciudadano y la transparencia debería ser un deber y la práctica habitual de las administraciones. Pero no solamente como respuesta a las peticiones de los ciudadanos, sino que deberían facilitar información de forma proactiva, especialmente la relacionada con la actividad económica de la administración.
Como derecho fundamental, los ciudadanos deberían acceder de manera libre, simple y gratuita a la información, datos y documentación relacionada con proyectos subvencionados con dinero público. Así, se deberían evitar casos como el de la organización Access Info Europe, quién ha sido condenada por el Tribunal Supremo a pagar los 3.000 euros de las costas judiciales tras querer conocer las medidas que ha adoptado España para luchar contra la corrupción.
España, junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxenburgo, aún ha aprobado una ley de transparencia. En 2008, el Consejo de Europa aprobó el convenio sobre el acceso a documentos públicos. En ese momento, algunos países del Consejo firmaron dicho convenio, mientras que otros se comprometieron a hacerlo en el futuro. Pues bien, cuatro años después, el Estado Español aún no se ha pronunciado sobre el tema y sigue siendo uno de los pocos estados miembro del Consejo (47) que tampoco cuenta con una normativa propia específica.
España necesita urgentemente una normativa que regule la transparencia de las administraciones, instituciones y empresas públicas y partidos políticos, entre otros. Pero no sirve una ley cualquiera, no queremos una ley a medias que siga sin considerar el acceso a la información como un derecho de los ciudadanos y que continúe permitiendo guardar bajo llave la información pública.
Nerea Zambrano
Pirates de Catalunya
Nerea Zambrano






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